Construyendo un verdadero internacionalismo desde la izquierda

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Sergi Cutilles, economista miembro de la Plataforma “Auditoria Ciudadana de la Deuda”

Gracias a la paz surgida tras la Segunda Guerra Mundial, Europa se reconstituyó bajo la forma de estados del bienestar, un acuerdo social-democrático de ámbito estatal que distribuía mejor la riqueza y ponía las bases para la prosperidad de los 30 años siguientes.

Esta prosperidad económica tuvo como pilar fundamental los Acuerdos de Bretton Woods y el GATT, acuerdos llevados a cabo entre más de 40 estados en 1944, que sirvieron para poner fin al proteccionismo de guerra y establecer unas normas monetarias y comerciales internacionales.

Estas estaban basadas en el control democrático de las finanzas y en el reconocimiento del derecho de los Estados a proteger sus estándares políticos propios y a llevar a cabo su propio modelo de desarrollo económico, permitiéndose la realización de políticas industriales y comerciales siempre que se justificaran de manera adecuada.

El régimen de Bretton Woods, sin embargo, acabó colapsando, ya que era un régimen que, como en el caso del euro, combinaba un tipo de cambio fijo con la ausencia de mecanismos para penalizar los superávits o reciclarlos hacia los países deficitarios. John Maynard Keynes, uno de los principales negociadores de los Acuerdos de Bretton Woods, ya avisó de que en ausencia de estas salvaguardas el sistema acabaría fracasando. Y efectivamente el sistema entró en crisis a principios de los años setenta, cuando el Gobierno de EEUU abandonó la convertibilidad del dólar en oro y generó un nuevo escenario de inestabilidad financiera y económica.

El régimen de Bretton Woods se hundió y dio lugar a la financiarización, rubricada en el Consenso de Washington, el cual, promovido desde el Gobierno de EEUU a mediados de los ochenta, tenía como pilares fundamentales la circulación sin restricciones de los capitales en todo el mundo, las prohibiciones de las políticas públicas industriales y comerciales orientadas a contribuir al desarrollo de la economía local, así como la aplicación generalizada de desregulaciones, liberalizaciones y privatizaciones.

En Europa, tras el abandono del patrón oro, sin el ancla monetaria de EE.UU. para poder llevar a cabo una política de cooperación monetaria, Alemania debería haber asumido este papel adaptando sus políticas domésticas a las necesidades de la economía continental, apreciando su propia moneda cuando fuera necesario y permitiendo que sus socios recuperaran competitividad. Alemania, sin embargo, en los diferentes acuerdos de cooperación monetaria a escala europea, tales como la ‘serpiente en el túnel’ de los años setenta, el Sistema Monetario Europeo de los ochenta y noventa y finalmente el euro, nunca ha querido adaptar sus políticas en beneficio del conjunto de los países socios.

Al contrario: ha adoptado sistemáticamente políticas que le han permitido tener una moneda devaluada que la ha beneficiado económicamente y políticamente; ha perjudicado el conjunto europeo, forzando la devaluación monetaria de Gran Bretaña, de Francia, de Italia, de España, etc., antes del establecimiento del euro; y forzando el endeudamiento, la austeridad y el estancamiento en la actualidad, con el euro, en la mayoría de los países de la UE.

Los centros de poder económico y político alemanes se han beneficiado de estas políticas en forma de grandes superávits comerciales y de gran concentración de poder político sobre la UE, lo que le permite controlar a sus estados miembros con mano de hierro.

Cabe destacar como a principios de los ochenta el fracaso del Gobierno de Mitterrand de poner en marcha políticas keynesianas en Francia para combatir el paro y la recesión, supuso un punto de inflexión en el que los gobiernos europeos, en especial los socialdemócratas, abandonaron su compromiso de representación de los intereses de sus ciudadanías y aceptaron el nuevo dogma neoliberal.

Al aceptar este nuevo orden, comenzaba el desmantelamiento del Pacto Social y del Estado del Bienestar, con un ataque frontal al mundo del trabajo y a los derechos alcanzados, que habían llevado a un período de relativa prosperidad en las décadas anteriores. Ante el dilema de aceptar la orden neoliberal o defender la soberanía económica en favor de la mayoría, los gobiernos europeos renunciaron al ejercicio de su propia soberanía en favor de los intereses de los poderes económicos transnacionales, en especial los financieros, bajo el pretexto que “no había alternativa”.

La realidad sobre los márgenes de actuación en el orden de las finanzas y el comercio libres era mucho más compleja. Es verdad que el intento de Mitterrand de realizar políticas socialdemócratas en Francia no funcionó. Sin embargo, lo sucedido era de esperar, dado que Francia ya se había comprometido con la no devaluación de la moneda por debajo del modesto margen permitido por el Sistema Monetario Europeo.

La débil competitividad francesa en relación con Alemania, que se oponía a bajar los tipos de interés, hacía previsible que el gran programa de estímulo de la demanda doméstica puesto en marcha, aumentaría fuertemente las importaciones, deteriorando el saldo de la balanza comercial y poniendo una enorme presión sobre el tipo de cambio y la inflación.

En vez de resistir y maniobrar inteligentemente, Mitterrand, bajo influencia del ex banquero y entonces ministro de finanzas Jacques Delors, terminó cediendo ante la alegría de los centros de poder conservadores, poniendo a partir de ese momento la estabilización monetaria y la liberalización financiera como principal eje de la política económica en Europa.

El euro fue la consecuencia principal de esta renuncia a hacer políticas económicas sociales en el ámbito estatal, iniciando la leyenda que “no hay alternativa” ni soberanía de los estados en un entorno financiero abierto y bajo gobernanza neoliberal. La socialdemocracia hacía el primer paso hacia el neoliberalismo, que seguirían Schroeder, Blair, González y muchos otros y que acabaría llevando a su propio hundimiento electoral en la crisis presente.

Es verdad que cualquier gobernante de una economía abierta de tamaño medio, como Francia , que se encuentre rodeada de economías abiertas gobernadas con políticas neoliberales, no tiene fácil realizar fuertes políticas keynesianas, sin chocar con los límites de su balanza comercial.

Debería adaptar sus políticas al tipo de cambio fijado inicialmente, haciéndolas de forma más lenta y progresiva, y si esto no fuera posible como en la actualidad con el euro, dada la gran brecha de competitividad respecto a los socios comerciales, debería dejar fluctuar la moneda para que se devaluase (cosa que no es fácil de forma controlada) y al mismo tiempo previendo que la devaluación acelere la misma inflación (para lo cual se necesita la colaboración de sindicatos y trabajadores, ya que requerirá moderación de las subidas salariales durante este ajuste). Sin embargo, estas políticas son realizables si la gestión es suficientemente inteligente, la voluntad política es firme y se utilizan todas las herramientas macroeconómicas que el Estado tiene a su disposición, sin renunciar a ninguna de estas.

La crisis y la Unión Europea

Sin embargo, el mito que no había alternativa cuajó también dentro de la izquierda, y la UE surgió a mediados de los ochenta como una respuesta a esta nueva percepción de los gobiernos y partidos políticos de que no podían gestionar sus economías en este nuevo orden neoliberal, si no formaban parte de un club amplio formado por otros estados que les ofreciera protección. Por eso, los 12 países fundadores de esta, firmaron el Acta Única Europea, en 1986, formando la Comunidad Europea, donde se establecía la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas. Cinco años después, se firmaban los Acuerdos de Maastricht, que iban un paso más allá fundando la UE y poniendo las bases de la moneda única, el euro.

Los resultados de esta gestión económica común, que pretendía ser una protección para las mismas economías, han sido pésimos. La crisis económica ha generado enormes estragos, en forma de sobreendeudamiento tanto público como privado, sistemas bancarios frágiles y en cuasi-colapso, sistemas productivos abandonados y desestructurados, cifras de paro extraordinarias, precarización y desprotección del trabajo, empobrecimiento de la población y tensión entre los países socios, que está despertando sentimientos nacionalistas y racistas.

El euro, jaula principal en esta gestión neoliberal compartida, además, tiene una enorme probabilidad de acabar estallando, muy a pesar de la defensa ciega que se hace del mismo desde derecha e izquierda. En definitiva, este es un sistema roto que sólo se sostiene por el artificio de las políticas heterodoxas de los bancos centrales, que imprimen dinero para comprar todo tipo de activos públicos y privados como si no hubiera un mañana, evitando así la devaluación del capital y la quiebra de los sistemas económicos globales. Nadie tiene claro si estas políticas heterodoxas se podrán retirar sin que ello genere un terremoto que lleve a una nueva crisis financiera.

La propuesta que se nos presenta ante el fracaso de la integración económica y política neoliberal, que parte de la izquierda no-socialdemócratas ha asumido también de forma preocupante, es la de caminar hacia una aún mayor integración política y económica, culminando finalmente una gobernanza mundial que permita poner orden en la financiarización.

Esta propuesta alimenta el mito, que circula con mucha fuerza últimamente, de que el Estado nación está condenado a morir y que ya ha sido superado por los acontecimientos de la era neoliberal y de la financiarización. La evidencia, por el contrario, es que las instituciones de los estados han demostrado su resiliencia y han cogido todo el protagonismo en la crisis que estamos viviendo, por lo que no parece que vayan a desaparecer en el medio plazo.

De hecho, la crisis financiera global se volvió rápidamente una crisis de los estados y de sus sistemas financieros, dado que los primeros rescates financieros en 2009 se llevaron a cabo utilizando los recursos y las instituciones de los estados. Más allá de los juicios o de los ideales propios, este es un hecho que no se puede negar. La crisis demostró que, en el fondo, los intereses de los estados son los que tienen más peso en la política internacional, y que la negación de este hecho, creando proyectos que no tengan en cuenta estos incentivos, es una receta para el fracaso.

El euro es el mayor ejemplo de este fracaso. El proyecto de moneda única europea fue seguramente la máxima expresión de este intento de superar los estados en Europa. Se impuso una estructura de Estado, creando una Unión Monetaria sin establecer las estructuras complementarias que hicieran viable el proyecto de Unión Monetaria. Con ello se pretendía obligar a los Estados miembros a elegir en el futuro entre ceder mayor soberanía en los campos fiscal, económico y financiero para completar el mercado común y el nuevo estado europeo, o abandonar el euro para poder gestionar la propia economía ante futuras crisis.

Los creadores de la eurozona tenían que saber que la institucionalidad actual, en la que el euro no tiene una estructura fiscal ni política que lo haga viable, era transitoria y que, por tanto, o se avanzaba o necesariamente debería volver atrás. Todas las evidencias del transcurso de la crisis nos muestran que los estados, en especial Alemania, no tienen intención de renunciar a su soberanía fiscal ni financiera, y que, por tanto, el experimento del euro no acabará bien.

Por desgracia, en Europa, los intereses de los poderes económicos están demasiado a menudo representados por las instituciones de la Unión Europea y de la Unión Monetaria Europea, que en teoría son instituciones políticas para todos los europeos. En realidad, estas instituciones han demostrado tener una naturaleza y defender unos intereses que no tienen nada que ver con los de la mayoría de los europeos.

Casos como el de Grecia, donde las instituciones europeas y los estados más poderosos, en especial Alemania, han impuesto austeridad y privatizaciones bajo el pretexto del pago de la deuda y el mantenimiento del euro, muestran que este enfrentamiento no se podrá llevar a cabo de forma cooperativa o negociada.

El fracaso de Syriza también muestra los límites de intentar cambiar la eurozona, ya que Syriza apostó por mantenerse dentro a toda costa, confiando en que sus socios serían bienintencionados y aceptarían reducir su deuda y poner fin a la austeridad. Estos acontecimientos han demostrado la naturaleza real de la Unión Europea como una alianza entre estados basada en tratados, en la que ningún estado no asume responsabilidad por ningún otro, y en la que, de hecho, los estados más poderosos se benefician del compromiso del resto de los estados a no ejercer sus soberanías propias. Actualmente, el Gobierno de Syriza aplica en Grecia el programa neoliberal más duro de la historia europea y ha perdido la mayor parte del apoyo y legitimidad de sus votantes.

Es preciso por tanto, plantear seriamente la recuperación de la soberanía monetaria, y al mismo tiempo trabajar para establecer acuerdos de cooperación internacional que faciliten la estabilización de los tipos de cambio y la regulación de los flujos comerciales. Pensar que esta alternativa es inviable, y que los estados no tienen las competencias para gestionar esta situación de transición económica, mientras que la de la reforma del euro lo es, puede suponer como ya ha sucedido con la socialdemocracia el fracaso de la nueva izquierda, que hasta ahora no se está preparando para un escenario posterior al euro, en el que la gestión de la economía y de las relaciones internacionales será de gran importancia.

Paralelamente, también habrá que eximirse de la aplicación de algunos tratados que vinculan los estados europeos, dado que algunos de estos tratados tienen un carácter claramente neoliberal y antisocial, como es el caso del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo, el cual forma parte esencial de la arquitectura restrictiva de la Unión Monetària.

Además, una vez más en la historia, el sentimiento popular, muy arraigado en los estados, se está imponiendo por encima del proyecto de hiperglobalización neoliberal dirigido por las élites transnacionales. Por lo tanto, se deberán dar pasos atrás en esta hiperglobalización neoliberal, frenando la financiarización, antes de que sea tarde para que no haya una desintegración desordenada.

La izquierda debe presentar una propuesta decidida para que esto se pueda producir de manera progresista e internacionalista. Que miembros de la izquierda asimilen esta propuesta realmente internacionalista a la de un repliegue nacional de derechas para evitar un debate serio, sólo puede reflejar ignorancia respecto a la historia y el funcionamiento de la economía, o la mezquindad de quien desde una supuesta posición progresista defiende el proyecto neoliberal.

Forzar la integración por la vía tecnocrática, sin escuchar las señales que envía la ciudadanía en toda Europa es la receta para el fracaso, que puede tomar la forma del ascenso de la ultraderecha o de la catástrofe financiera, o de ambas a la vez.
Riesgos del proyecto de superestado europeo

En el caso concreto de la creación de una gobernanza europea, más allá de que el proyecto sea irrealizable por falta de voluntad de los actores principales, como indican todas las evidencias hasta ahora, hay que señalar también el riesgo que supondría una concesión casi total de la soberanía a unas instituciones europeas, sin tener las condiciones necesarias para una democracia, como, por ejemplo, reformas de las instituciones europeas que dieran garantías previas a la integración, unos medios de comunicación europeos y/o el conocimiento del/los idioma/s necesarios para comprender la política europea.

Sin estas condiciones habría el riesgo elevado de crear un superestado que -más allá que estaría lejos de funcionar óptimamente debido a las enormes diferencias económicas y sociales- tendría todos los ingredientes para funcionar como una democracia de baja intensidad, sin las condiciones mínimas para la rendición de cuentas, y, por tanto, muy susceptible de ser capturado por los poderes económicos transnacionales. Por ello, el “Más Europa” llevado a la política del corto-medio plazo es una amenaza a la calidad democrática de los regímenes constitucionales del continente europeo.

De hecho, el auge de la extrema derecha y la integración de la gobernanza neoliberal, que no respeta las democracias estatales, son vasos comunicantes. “Más Europa”, por lo tanto, está llevando a más nacionalismo, más racismo y menos cooperación internacional. Este hecho no es nuevo en la historia europea, que ha intentado varias veces poner en marcha globalizaciones centradas en el libre comercio y la moneda común y que han acabado en reacciones nacionalistas que han culminado en guerras.

John Maynard Keynes, que ya en 1925 criticó la vuelta de Inglaterra al régimen de moneda común del patrón oro, el cual imponía la disciplina fiscal como principio para mantener la estabilidad financiera, comprendió bien esto y lo reflejó en los Acuerdos de Bretton Woods de 1944, en que se llegó a un compromiso para que la globalización y el internacionalismo no fueran incompatibles con las soberanías estatales ni con las democracias.

La pregunta que nos debemos hacer, entendiendo el Estado nación como una entidad política confinada a un espacio territorial, es: ¿esta entidad es en estos momentos un obstáculo para lograr metas económicas y sociales básicas en el contexto de la hiperglobalización neoliberal y la financiarización, o, en cambio, sigue siendo indispensable para el logro de estas metas? O de la misma manera: ¿el mundo debería estar organizado en múltiples estados o en uno solo?

La realidad es que la idea de que existe un mercado global sin fronteras que requiere un gobierno mundial, o sea de instituciones que tengan la misma escala y anchura que los mercados, es falsa. No existe tal mercado global, ni tampoco las condiciones para generar un único gobierno mundial representativo. Finalmente, muchos estados en todo el mundo, incluso estados pequeños y de rentas mucho más bajas que el nuestro, demuestran que se puede lograr un mejor desarrollo aplicando políticas macroeconómicas clásicas, que esencialmente son herramientas estatales. La evidencia tampoco muestra que las identidades se estén volviendo más globales.

En definitiva, un gobierno mundial no es posible, ni tampoco es deseable, dado que la diversidad es positiva, la maleabilidad institucional es necesaria, y la capacidad de convergencia económica y social es limitada en el corto y medio plazo -por lo que se necesitan mecanismos de absorción de choques- y finalmente la competencia y la experimentación en el ámbito estatal aumenta el progreso humano.

Hay, por tanto, que empezar a ejercer las soberanías estatales para poner freno a la financiarización y proteger los propios estándares políticos, a través de control democrático de las finanzas, políticas redistributivas y políticas industriales y comerciales que protejan razonablemente el propio modelo de desarrollo sin hacer dumping en el resto de los países, de manera que se genere un círculo virtuoso global. En definitiva, se trata de defender una verdadera estrategia internacionalista ante la Europa de las finanzas, basada en la solidaridad real y las alianzas entre los pueblos soberanos.

Esto implica articular una política de resistencia y ruptura dentro de cada Estado y al mismo tiempo coordinar movilizaciones y combates comunes, con el objetivo de llegar a un horizonte de cooperación fraterno y solidario entre los pueblos, como alternativa a la Europa de las finanzas globales.

10 propuestas para romper con la austeridad de la ‘Troika’

Esto requerirá que dejemos de lado el secuestro cognitivo que dice que “no hay alternativa” y que los espacios transformadores de la izquierda en Cataluña y en el Estado asuman el reto de preparar una transición hacia un escenario con mayores grados de soberanía, en el que:
• Se recupere el control democrático de los bancos centrales y de la gestión monetaria.
• Se pongan en marcha políticas de control de capitales.
• Se ponga fin a la austeridad y se reviertan los recortes.
• Se lleve a cabo una auditoría ciudadana de la deuda pública, procediendo al impago de
las deudas que sean ilegales, ilegítimas, odiosas o insostenibles socialmente.
• Se realice una socialización bancaria y de los sectores estratégicos de la economía.
• Se ponga en marcha una política industrial y comercial, procediendo a la reindustrialización de la economía centrada en una transición energética limpia y sostenible.
• Se lleve a cabo una reforma tributaria profunda, que aumente radicalmente la progresividad del sistema impositivo y que persiga firmemente el fraude fiscal.
• Se amplíen las funciones, los puestos de trabajo y los servicios sociales del Estado, que pongan la vida en el centro y reviertan las discriminaciones de género, raza y clase social.
• Se proceda a una reforma democratizadora de la Administración.
• Se realice un proceso constituyente.

 

 

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